Con la entrada en vigencia de la “Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes”, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se fortalecerá la lucha que se libra en el Perú contra uno de los flagelos más dañinos y extendidos a nivel mundial, el cual está vinculado muchas veces al crimen organizado internacional.

La mencionada norma –cuyo anteproyecto fue elaborado con una activa participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior– adecua los tipos penales de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes a las definiciones del “Protocolo de Palermo”.

Cabe señalar que el mencionado protocolo, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, tiene como objetivo prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.

En ese sentido, la nueva Ley incorpora disposiciones sobre formas agravadas de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como disposiciones sobre el lavado de activos, la colaboración eficaz y agentes encubiertos.

Asimismo, desarrolla legislativamente la facultad constitucional conferida a los jueces para conocer y controlar las comunicaciones de las personas que son materia de investigación preliminar o jurisdiccional en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, entre otros delitos.

Del mismo modo, la norma dispone que en los casos de trata de personas, el Estado proporcione a las víctimas, colaboradores, testigos, peritos y sus familiares la repatriación segura, alojamiento transitorio, asistencia médica, psicológica, social, legal, así como mecanismos de inserción social y los beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada.

Es de destacar que en el marco de su política de protección a los peruanos en el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha contribuido significativamente en la elaboración de esta Ley, en el seno del Grupo Permanente Multisectorial contra la Trata de Personas, del cual forma parte desde su creación, como instancia nacional de coordinación en la lucha contra este delito.